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Cocarda al machismo uruguayo
Por Andrés Alsina

La contundente condena a Uruguay del comité de ONU que monitorea la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que se informa en esta edición, comienza por los defectos del propio informe oficial con que se presentó la delegación encabezada por el representante uruguayo permanente ante la ONU.

Pero esto no sólo por lo argumentado por el embajador Paolillo, quien informó que restricciones financieras impidieron el envío de una delegación específica. En ese terreno deben anotarse falencias notorias en la conducción que tuvo hasta hace poco el Instituto de la Familia y la Mujer, dependiente del MEC. Su creación fue justamente para cumplir con esta convención de 1979 que Uruguay firmó y ratificó en 1981 —"en tiempo record", señaló la comisión— al impulso de un gobierno militar que necesitaba mejorar su imagen internacional.

El problema de firmar convenciones internacionales es que se convierten en ley supranacional, por lo que no sólo hay que cumplir sus preceptos dentro de fronteras sino responder afuera por su cumplimiento. En esta sesión del comité de expertos y expertas de la ONU se cuestionó si Uruguay tiene en verdad la voluntad política de cumplir con lo firmado, luego del impulso inicial al restaurarse el sistema democrático seguido de 10 años sin informar a la ONU y presentar un segundo y tercer informe juntos cuando debería estar presentando el sexto. Hay leyes aberrantes y violatorias de la convención que siguen vigentes, y la explicación oficial de que están allí, aunque no se aplican, porque nadie las ha cuestionado, no fue de recibo. Un violador no puede tener la posibilidad de disminuir su pena si desposa a la violada. Ante la andanada, la subrepresentante permanente ante la ONU, Susana Rivero, alegó que el cambio no se produce fácilmente en Uruguay.  (El Observador, 19 de febrero, 2002)